• Especialistas peruanos participantes en el VII Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) que se realizó en Honduras, explicaron que así el Ministerio Público y la Policía Nacional contarían con más herramientas para investigar a organizaciones criminales transnacionales que se financian con el comercio ilícito.

La lucha contra el comercio ilícito y las estructuras criminales transnacionales que operan detrás del contrabando en América Latina fueron los temas centrales de diálogo en el VII Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), que se realizó la semana pasada en Honduras. En este evento se reunieron representantes de los sectores público y privado de 9 países latinoamericanos, incluyendo el Perú, con el objetivo de coordinar respuestas integrales ante al problema del comercio ilícito   en la región.

Según cifras de ALAC, en América Latina se mueven cada año US$ 210 mil millones en productos ilegales de comercio ilícito en sectores como textiles, medicamentos, bebidas y alimentos, cigarrillos, cosméticos, juguetería, electrónicos, , entre otros, con grandes impactos no solo para la economía, sino para la seguridad ciudadana, vulnerada por acciones delincuenciales de organizaciones criminales que obtienen su financiamiento del comercio ilícito.

En representación del Perú participaron Jyns Ordóñez, intendente nacional de Control Aduanero de SUNAT, y el coronel Gregorio Conde, jefe de Planeamiento Operativo de la Dirección de Policía Fiscal del Perú. Ambos coincidieron en la necesidad de incorporar los delitos aduaneros dentro de la Ley Especial contra el Crimen Organizado vigente en nuestro país, como herramienta relevante para poder combatir de manera más efectiva a las organizaciones transnacionales que cuentan con muchos recursos para operar fuera de la ley.

“Cuando se dio la Ley del Crimen Organizado en agosto de 2013 se incluyeron delitos graves como los de homicidio, secuestro, trata de personas, tráfico de drogas, pero no los delitos aduaneros. Desde la Policía Nacional tenemos una relación fluida y trabajamos con la Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y el personal de Aduanas, pero hemos presentado una iniciativa para poder estar dentro de la Ley del Crimen Organizado y tener así mayores herramientas, como el levantamiento del secreto bancario, las interceptaciones telefónicas y otros procedimientos, para investigar a estas organizaciones criminales dedicadas al contrabando”, explicó el coronel Conde.

Ordóñez, por su parte, explicó que hay muchos delitos conexos al comercio exterior, como el lavado de activos, y las actividades ilegales de minería, pesca y tala de bosques.

“En conjunto entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Sunat, estamos en el camino de coadyuvar esfuerzos para identificar mejor al crimen organizado. Cada hallazgo de contrabando por un monto significativo no es el fin en sí mismo, sino el inicio de una investigación porque detrás hay organización, gente que se ha preparado para vulnerar al Estado. Para identificar mejor al crimen organizado y poder neutralizarlo, hemos modificado la Ley de Delitos Aduaneros con la idea de tener un mecanismo más ágil y acorde con las nuevas tendencias, por ejemplo, en el tema de las recompensas, para contar con información valiosa del sector privado o los propios agraviados por delitos aduaneros”, añadió Ordóñez.

En su exposición en el marco de ALAC, el especialista argentino Alejandro Campos, director regional para América Latina de Crime Stoppers Internacional, consideró que para combatir el comercio ilícito es necesario golpear a las organizaciones criminales transnacionales en sus estructuras financieras.

“En la lucha contra el contrabando debemos incluir la extinción del dominio (pérdida de la propiedad de un bien, que pasa al Estado). Se puede incautar mercadería, llevar gente a las cárceles, perseguir el blanqueo de capitales, pero da lo mismo si no logramos quitar a estas organizaciones criminales los bienes con los cuales operan en la cadena logística del contrabando. Debemos usar la ley de extinción de dominio para pasar a propiedad del Estado las camionetas, camiones grandes, barcos, bodegas, almacenes, tiendas y toda esa cadena logística que ellos usan para cometer delitos. Ya es algo que se está implementando en Guatemala. Es un nuevo enfoque que buscamos incorporar en una Ley Modelo del Comercio Ilícito común para los países de América Latina”, señaló Campos.