• Una lista de precios oficiales es incompatible con una economía social de mercado como la peruana

Si bien el Perú tiene vigente el artículo relacionado a la especulación de precios, este no es aplicado porque no se cuenta con una lista de “precios oficiales”, lo cual sería incompatible con una economía social de mercado, como lo es la peruana, de acuerdo con la Constitución.

La medida podría parecer beneficiosa, pero no considera diversos aspectos que terminarían perjudicando a quienes busca proteger: los consumidores.

¿Qué efectos generaría la ley?

Determinar si una conducta es anticompetitiva requiere de un análisis riguroso que debe ser realizado por una entidad con capacidad técnica y competencia en el tema, como Indecopi, no el Poder Judicial.

En el caso de la especulación, por ejemplo, es sumamente difícil determinar si un producto se encuentra sobrevalorado ya que su precio responde a múltiples factores como la disponibilidad de insumos, dificultades en el transporte, entre otras condiciones que pueden variar rápidamente en una situación de emergencia. Además, en una economía social de mercado, los precios de los productos se determinan en función a la oferta de los vendedores o productores y la demanda, por lo que terminan reflejando la escasez relativa de un producto.

Por ejemplo, a inicios de la emergencia sanitaria, el fuerte incremento de la demanda elevó notoriamente el precio de los insumos de protección como las mascarillas. Ello envió una señal a los productores y vendedores de que debían abastecerse de más de estos productos, como finalmente sucedió y, con ello, su precio se redujo de manera sustancial.

Fijar precios arbitrariamente elimina estas señales del mercado cuando más se necesitan. Además, motiva a los consumidores a comprar en mayor cantidad, lo que genera que muchas familias no logren acceder a estos bienes esenciales durante la emergencia.

Más aún, este tipo de medidas propician el desarrollo de un mercado negro en el que los productos controlados son vendidos a un precio mucho mayor que el precio inicial de mercado. En suma, se genera un escenario de escasez e ilegalidad en el que los mayores perjudicados son los consumidores.

Experiencia internacional

En Argentina, desde inicios de marzo, se han fijado precios máximos para diversos bienes considerados de primera necesidad, entre los que están medicinas, alimentos y productos de limpieza. Las sanciones para quienes no cumplan la medida comprenden multas, decomisos de mercadería e incluso el cierre de local. Esta política ha generado una maraña de problemas, como los que se han suscitado entre vendedores minoristas (supermercados y almacenes) y sus proveedores. Por su parte, la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas señaló que la distribución de mercadería presenta severas compilaciones. Además, es preciso resaltar que las municipalidades están destinando una gran cantidad de recursos fiscales, cuya adecuada administración es especialmente relevante en épocas de emergencia.

En nuestro país

Un ejemplo de control de precios lo tenemos en nuestra historia y se remonta a la segunda mitad de la década de 1980, en el que el Gobierno de Alan García fijó controles para el tipo de cambio (precio del dólar), las tasas de interés (el precio del crédito), el precio del combustible y de diversos productos alimenticios como el aceite, fideos, harina y azúcar. En el caso de los alimentos, el resultado fue la escasez de estos bienes básicos y la generación de largas colas para lograr adquirirlos de manera limitada. Por su parte, la fijación del tipo de cambio (dólar MUC) generó las condiciones para la aparición de un mercado paralelo ilegal, además de ocasionar la devaluación de la moneda nacional.

Alternativas

Por un lado, se debe fomentar la competencia en los mercados, lo cual permitirá reducir el precio de los productos. Para ello, es necesario generar las condiciones que permitan incrementar la disponibilidad de los productos altamente demandados. Al respecto, ya se han tomado algunas medidas relevantes en esta dirección.

Al inicio de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso la aplicación de un arancel cero para la importación de medicamentos e insumos médicos. Por su parte, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) agilizó los procedimientos para la autorización de los registros sanitarios. Estas disposiciones, no solo contemplan la importación de productos finales, sino que también han permitido abastecer a los productores locales de los insumos necesarios para la fabricación de medicamentos. Además, van acorde con las recomendaciones del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, que han instado a los países a favorecer el libre comercio y asegurar las cadenas de suministros con el objetivo de evitar la escasez de alimentos y medicinas.

Finalmente, en el caso específico de los medicamentos, lo más importante es que los establecimientos del Estado se encuentren adecuadamente equipados, dado que proveen aseguramiento a nueve de cada diez personas en el país. Es por ello que resulta cuestionable que recién el 21 de mayo, luego de más de dos meses de la declaración del estado de emergencia, se haya publicado el Decreto de Urgencia que autoriza el financiamiento para la compra de los productos farmacéuticos para el tratamiento del coronavirus (kit COVID-19).

Sobre el IPE www.ipe.org.pe : El Instituto Peruano de Economía es una institución privada sin fines de lucro, cuyo propósito es la promoción del desarrollo equilibrado y sostenido del Perú, mediante el perfeccionamiento de la economía de mercado. Para ello sus actividades se enfocan en proponer la discusión de las medidas de política económica y alternativas de solución a las reformas inconclusas.