Sector eléctrico plantea acelerar cambios regulatorios para garantizar seguridad energética e impulsar renovables

• Especialistas alertaron sobre la vulnerabilidad del sistema y plantearon mayor planificación, flexibilidad, almacenamiento y reglas claras para atraer nuevas inversiones.

La necesidad de acelerar los cambios regulatorios para fortalecer la seguridad energética del país y facilitar el ingreso de nuevas fuentes renovables fue uno de los principales consensos del panel “El impulso normativo para las renovables: diagnóstico y propuestas de cambio”, desarrollado en el marco del Smart Energy Summit.

Daniel Camac, CEO de Hydro Global, cuestionó que durante los últimos doce años no se hayan adoptado oportunamente decisiones para acompañar el crecimiento de la demanda con nueva generación, transmisión e infraestructura flexible. “Es lamentable haber llegado a este punto. En los últimos doce años no se han tomado las decisiones correctas y con anticipación”, sostuvo.

El ejecutivo planteó pasar de una visión centrada en la transición energética hacia una de seguridad energética sostenible, que garantice suficiencia de potencia y energía, estabilidad operativa y resiliencia. En ese sentido, consideró que el Perú puede alcanzar una generación renovable 24/7 combinando solar, eólica, hidroeléctrica, almacenamiento y generación térmica flexible. También propuso ampliar la planificación de las licitaciones de ProInversión para evitar repetir los problemas de oferta del sistema.

Por su parte, Juan Salinas, gerente general de Fenix, advirtió sobre un escenario complejo en el corto plazo. Señaló que los promedios utilizados en los modelos de proyección pueden ocultar situaciones de mayor volatilidad y afirmó que observa una situación de “alerta, casi de emergencia”. Asimismo, cuestionó que los precios puedan fluctuar entre US$ 50 y US$ 280 y sostuvo que la falta de oferta puede restar competitividad a la industria.

Si queremos acelerar la incorporación de energías renovables en el Perú, necesitamos una permisología más ágil, predecible y flexible, capaz de acompañar la velocidad con la que evoluciona la tecnología. El desafío es que, cuando un proyecto finalmente obtiene todas sus autorizaciones, puede existir una tecnología sustancialmente mejor que aquella considerada originalmente. Sin embargo, incorporar estos avances puede implicar reiniciar o modificar procesos regulatorios, generando nuevos plazos y costos. Necesitamos mecanismos que permitan actualizar y optimizar los proyectos durante su desarrollo, cuando los cambios tecnológicos no alteren sustancialmente sus impactos ni sus condiciones esenciales, manteniendo en todo momento los estándares técnicos, ambientales y de seguridad”, afirmó.

En tanto, Eduardo Rivas, gerente general de CELEPSA, alertó sobre la dependencia del gas natural y su impacto en la resiliencia del sistema. “Un sistema que depende de un gasoducto solamente es un sistema expuesto a muchos retos”, señaló. Planteó avanzar hacia un sistema seguro, económicamente viable y ambientalmente responsable, además de evaluar mecanismos regulatorios que permitan gestionar los costos asociados a situaciones de crisis que afecten el suministro energético.

Finalmente, María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, resaltó el rol de las licitaciones y los contratos de largo plazo (PPAs) para viabilizar nueva generación. Indicó que los grandes consumidores demandan trazabilidad y predictibilidad de costos y están dispuestos a suscribir contratos de largo plazo, pero requieren reglas claras y estables.

También propuso evaluar mecanismos como la depreciación acelerada de activos para incentivar la ejecución de proyectos renovables. “Es necesario partir desde el inicio, ver que los inversionistas en este tipo de proyectos tengan las reglas claras y que no se sumen costos adicionales”, concluyó.

El panel coincidió en que el desarrollo de las renovables requiere una reforma regulatoria integral, acompañada de nueva generación, transmisión, almacenamiento, flexibilidad y señales adecuadas para la inversión, bajo una planificación de largo plazo que permita garantizar la seguridad y competitividad del sistema eléctrico peruano.